JUNE / JUNIO 2018 JUSTICE TRENDS //  7 7 Gary C. Mohr es director del Departamento de Rehabilitación y Correccionales de Ohio desde 2011. Ha ocupado diferentes cargos, incluido el de director de la Oficina de Justicia Penal del Gobernador (1992-1994), donde dirigió la investigación sobre la causa del motín de 1993 en Lucasville. Ha recibido varios premios por la innovación en prácticas correccionales, por su apoyo a las correcciones comunitarias y por su compromiso con la acreditación correccional. Él es miembro del Consejo Asesor de Alternativas Seguras a la Segregación, del Vera Institute, y es el presidente electo de la Asociación Americana de Prisiones (ACA, por sus siglas en inglés). Su reputación de ser un reformador penitenciario innovador es reconocida a nivel nacional. El continuar enviando a más y más personas a prisión por posesión de drogas no está apoyando la rehabilitación personal ni la seguridad pública. Tenemos que hacer un cambio drástico, debemos asegurarnos de que estamos alejando a las personas no violentas de la cárcel y de que estamos utilizando esos recursos y tratando a las personas. Incluso los más conservadores apoyarían la obtención de resultados más efectivos a un coste menor. Anticiparía que, en noviembre, Ohio tendrá un referéndum que fundamentalmente podría reducir algunos de los delitos graves de posesión de drogas y convertirlos en delitos menores. La gente de a pie y las comunidades piden tratamiento para aquellos que tienen una adicción a las drogas, no mayores penas. El problema es que lo que estoy observando en nuestra legislatura no refleja una visión de la adicción como enfermedad. JT: ¿Cómo le gustaría que fuera el futuro del ODRC? GM: Me gustaría que tanto nosotros como nuestro presupuesto fuéramos más pequeños y me gustaría que esos recursos se invirtieran en mejorar las vidas de las personas. Me gustaría ejercer una mayor influencia en la prevención. Me gustaría ir a lugares que no fueran prisiones, donde los padres y abuelos puedan llevar a sus hijos o nietos y decir: “Creo que tenemos un problema” y que entraran y fueran tratados.Además, el sistema debe basarse en incentivos y algunos desincentivos. En este momento, no importa la forma en que una persona pasa tiempo en prisión. ¡Simplemente, da igual! No hay incentivos significativos para las personas que obtienen diplomas de escuela secundaria, capacitación vocacional, participación en comunidades de medicamentos terapéuticos u otros programas basadosen la evidencia que realmente marcan la diferencia. Creo que si completan los programas, deberían obtener una reducción tangible de su condena; debería haber una mayor progresión y una mayor sensación de lo que haces en prisión cuenta. Creo que debería haber menos separación entre nosotros y la gente: las iglesias y los empleadores deben seguir involucrándose. Los reclusos deberían tener un trabajo antes de salir de la cárcel y ahora mismo es en lo que estamos trabajando: formamos a conductores de camión en prisión y les damos CDL (licencias de conducir comerciales, por sus siglas en inglés). De hecho, tenemos plataformas donde los reclusos aprenden a conducir camiones bajo supervisión. El día en que se van, están conectados con una empresa de transporte que los contratará a todos. Ese es el tipo de visión que deberíamos tener en todos estos tipos de áreas vocacionales. Finalmente, me gustaría mencionar el tema de la prisión preventiva y nuestro sistema de libertad bajo fianza: el 61% de todos los residentes de Ohio que están en nuestras cárceles no han sido declarados culpables. Las investigaciones nos dicen que las personas que van a juicio desde la cárcel presentan un índice mayor de condenas y reciben penas más altas. Por lo tanto, no solo se trata del sistema penitenciario, sino de la forma en que tratamos a las personas que no tienen dinero. Hay una ley que apoyamos que dice que el hecho de que una persona permanezca en la cárcel no debe basarse en la cantidad de dinero que ella tenga, sino que se debe basar en una evaluación de riesgos. // Gary C. Mohr is the director of the Ohio Department of Rehabilitation and Correction since 2011. He has served in different functions including Director of the Governor’s Office of Criminal Justice (1992-1994), where he led the investigation into the cause of the 1993 Lucasville riot. He has received various awards for innovation in correctional practices, for his support of community corrections, and commitment to correctional accreditation. Mr. Mohr is a member of the Vera Institute’s Advisory Council of the Safe Alternatives to Segregation and is the President- elect of the American Correctional Association (ACA). He a national reputation for being an innovative prison reformer. We have to do a drastic change, we must ensure that we divert non-violent people out of prison and we take those resources and we treat people. Even the most conservative would support more effective outcomes at a lower cost. I would anticipate in November that Ohio will have a referendum on its ballot that would fundamentally reduce some of the felony drug possession offenses to misdemeanors. Common people and communities are calling for treatment for those who have a drug addiction not increased penalties, the problem is that what I’m seeing in our legislature doesn’t reflect an understanding of addiction as a disease. “The system should be built on incentives and some disincentives. Right now, how a person spends time in prison doesn’t matter!” JT: How would you like the future to be for ODRC? GM: I’d like us and our budget to be smaller and I would like those resources placed in improving people’s lives. I would like a greater influence on prevention. I would like places to go that were not prisons, where parents and grandparents can take their child or grandchild and say: “I think we’ve got a problem here” and walk in and be treated. Also, the system should be built on incentives and some disincentives. Right now, how a person spends time in prison doesn’t matter. It simply doesn’t matter! There is no significant incentives for people that get high school diplomas, vocational training, go through therapeutic drug communities or other evidence-based programmes that truly make a difference. I believe that if they complete programmes they should get a tangible reduction of their sentence; there should be a greater continuum and a greater sense of “what you do in prison counts”. I think there should be less separation between ourselves and the people: churches and employers need to continue to get involved. Inmates should have a job before they leave prison and right now we’re working on that: we train truck drivers in prison, we give CDLs (commercial driver’s licenses). In fact, we have rigs outside where inmates learn how to drive trucks with supervision. In the day they leave, they are connected with a trucking firm that will hire everyone. That’s the kind of vision we ought to have in all of these kinds of vocational areas. Finally, I’d like to mention the issue of pretrial and our bail system: 61% of all of the Ohioans that are in our jails have not been found guilty. Research tells us that people going into their trial from jail are convicted at a higher rate and receive higher sentences. So, it’s not just the prison system, it’s how we’re handling people that don’t have money! There’s a piece of legislation that we are supporting that says that whether a person stays in jail should not be based on how much money they have, it should be based on risk assessment. // USA / EE. UU.