JANUARY / ENERO 2019 JUSTICE TRENDS //  1 0 7 Head of Citizen Security and Justice, Inter-American Development Bank (IDB) Directora de Seguridad Ciudadana y Justicia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Nathalie Alvarado Fostering development through finding solutions to crime and violence Impulsar el desarrollo mediante la búsqueda de soluciones contra el crimen y la violencia JT: How have security and justice become a fundamental axis of the IDB's intervention and how do you characterise the evolution of the region in these areas over the years? NA: Despite increasing efforts in the fight against crime and some improvements in certain areas, the truth is that Latin America and the Caribbean (LAC) is still the most violent region in the world, with an average homicide rate four times above the world’s average. This violence affects mostly vulnerable populations. In LAC, homicide is the leading cause of death among individuals aged 15 to 44. In addition to the impact on human life, there is a significant cost to the economy. Our latest study found that crime and violence cost the region 3% of its annual GDP, i.e. around $261 billion. This is equivalent to the region’s entire annual expenditure on infrastructure. It is therefore no surprise that LatinAmericans consider insecurity the number one problem affecting their lives. At the IDB we believe that crime and violence are not just insecurity challenges, they are foremost development challenges. IDB started working on citizen security projects in the early 90s. Our first operation was with Colombia, where we helped to develop an observatory of crime. For the last decade, the IDB has been increasing the portfolio of interventions in citizen security and justice, which currently amounts to $645 million, and 17 operations in 12 countries. This growth is a direct response to the demand of governments in the region. Having said that, there is tremendous heterogeneity. For example, most CentralAmerican countries have very high homicide rates, whereas in the Southern Cone (namely Argentina, Uruguay, Chile) the problem is more related to property crime. This means we can't take the region as a whole in trying to come up with a solution, we need to instead understand the local complexities of crime. JT: What role does the Inter-American Development Bank play in advancing citizen security and the justice systems – including prison services – in Latin America and the Caribbean? NA: We are always looking to provide better support to countries, and for that we have designed a scope of intervention where the IDB can have the most added-value. Therefore, we support the region through three mechanisms: 1) loan operations; 2) technical assistance; 3) knowledge generation and dissemination. Our interventions are focused on the entire criminal justice chain, from violence prevention and police reform, to matters of access to justice and prisoner rehabilitation. We consider it important to cover all the elements related to crime and violence in LAC and to work on the strengthening of security and justice institutions. This begins by supporting the modernisation of police forces. It entails improving recruiting, training, compensation mechanisms, and in some cases, also advances in patrolling and management strategy. With respect to the Justice system, we seek to improve efficiency in the management and administration of criminal justice services. JT: ¿Cómo es que la seguridad y la justicia se han convertido en un eje fundamental de la intervención del BID? ¿Cómo caracteriza la evolución de la región en estas áreas a lo largo de los años? NA: A pesar de los crecientes esfuerzos en la lucha contra el crimen y algunas mejoras en ciertas áreas, la verdad es que América Latina y el Caribe (ALC) siguen siendo las regiones más violentas del mundo, con una tasa promedio de homicidios cuatro veces superior a la media mundial. Esta violencia afecta sobre todo a las poblaciones vulnerables. En ALC, el homicidio es la principal causa de mortalidad entre las personas de 15 a 44 años. Además del impacto en la vida humana, hay un costo significativo para la economía. Nuestro último estudio demostró que el crimen y la violencia le cuestan a la región el 3% de su PIB anual, es decir, alrededor de 261 mil millones de dólares. Esto es equivalente a la totalidad del gasto anual de la región en infraestructuras. Por lo tanto, no es sorprendente que los latinoamericanos consideren la inseguridad como el principal problema que afecta a sus vidas. En el BID creemos que la delincuencia y la violencia no son solo desafíos de inseguridad, sino que son los principales desafíos en materia de desarrollo. El BID empezó a trabajar en proyectos de seguridad ciudadana a principios de los años noventa. Nuestra primera operación fue con Colombia, donde ayudamos a desarrollar un observatorio de delitos. Durante la última década, el BID ha aumentado la cartera de intervenciones en seguridad ciudadana y justicia, la cual asciende actualmente a 645 millones de dólares y 17 operaciones en 12 países. Este crecimiento es una respuesta directa a la demanda de los gobiernos de la región. Dicho esto, hay una tremenda heterogeneidad. Por ejemplo, la mayoría de los países centroamericanos tienen tasas de homicidios muy altas, mientras que en el Cono Sur (Argentina, Uruguay y Chile) el problema está más relacionado con los delitos contra la propiedad. No podemos tomar la región como un todo al tratar de encontrar una solución, sino que debemos entender las complejidades locales de la delincuencia. JT: ¿Qué papel juega el Banco Interamericano de Desarrollo en el avance de la seguridad ciudadana y los sistemas de justicia, incluidos los servicios penitenciarios en América Latina y el Caribe? NA: Siempre buscamos brindar un mayor apoyo a los países y para ello, hemos diseñado un ámbito de intervención en el que el BID pueda tener el mayor valor añadido. Por ello, apoyamos a la región a través de tres mecanismos: 1) préstamos (2) asistencia técnica 3) generación y divulgación del conocimiento. Nuestras intervenciones se centran en toda la cadena de justicia penal, desde la prevención de la violencia y la reforma policial, hasta cuestiones de acceso a la justicia y la rehabilitación de prisioneros. Es importante cubrir todos los elementos relacionados con el crimen y la violencia, además de trabajar en el fortalecimiento de las instituciones. Esto empieza con el apoyo a la modernización de las fuerzas policiales. Implica mejorar el reclutamiento, la formación, los mecanismos de compensación Latin America and the Caribbean América Latina y el Caribe